viernes, 11 de noviembre de 2011

LIBER LIBERALIS ET LIBER LIBELLUS

La etimología de la palabra liberalismo indica que proviene del latín “liberalis” y ésta, a su vez, de “liber” o sea, libre -lo que no está preso ni oprimido. En el siglo XX y lo que llevamos del XXI, el concepto que define la teoría política y social caracterizada por reducir al mínimo la intervención del estado con el supuesto fin de democratizarlo ha incorporado el prefijo “neo”, del griego “neos”, que significa nuevo y a juzgar por el escenario que se dibuja estos días, más que garantías de democracia, lo que está produciendo es una cada vez mayor brecha social además de un nuevo modo de entender la esclavitud que pasa por obviar cualquier derecho adquirido como trabajador, consumidor o ciudadano en pos de la complacencia de los insaciables mercados.

Que Elena Salgado, responsable del Ministerio de economía, diga que es necesario privatizar entidades como Loterías del Estado o AENA porque de ese modo se les podrá sacar mucho más jugo no es algo que la sociedad debiera aceptar sin un mínimo amago de espíritu crítico. ¿No es consciente la ministra de estar retratándose como una pésima gestora el emitir tal sentencia? Todo en la vida es cuestión de equilibrios y términos medios, por lo que elevar a los altares cualquier tipo de gestión privada no es lo que se dice sensato, del mismo modo que la aceptación de la incapacidad por parte de un estado para administrar lo público de manera eficiente demuestra cuán hondo está calando la neolengua que políticos, periodistas y creadores de opinión en general usan para hacernos creer que lo evitable era en realidad inevitable.

Buenos ejemplos en la maestría del no llamar a las cosas por su nombre los podemos encontrar en las figuras del ministro José Blanco o de cualquier directivo de AENA, empresa pública que hasta hace cosa de cuatro años era plenamente rentable. La tan cacareada, y por cierto fallida, revolución en el sector aéreo español, no es más que un eufemismo utilizado a modo de maquillaje bajo el que esconder un plan de privatización diseñado para beneficiar a las mismas empresas que ya se lucraron con la construcción y ampliación de esas faraónicas infraestructuras aeroportuarias a las que ahora hay que buscar una utilidad.

La liberalización de un sector no es algo negativo de per se, siempre y cuando atienda a unos mecanismos de regulación que eviten que el proceso se convierta en cualquier cosa menos en una garantía de transparencia. No ha sido ese el modo de actuar del gobierno en este menester, el cual, habiendo incurrido en flagrantes irregularidades tales como la adjudicación licitaciones con anterioridad a la designación de las asesorías técnicas y jurídicas o la concesión de derechos de explotación de torres de control a empresas creadas en tan solo tres meses para poder optar a concurso, ha convertido la capitalización del sector en una especie de mercadeo soez digno de zoco, con regateo y típica arenga “vamos-que-se-me lo-llevan-de-las-manos” incluidos.

A día de hoy, sabemos que el consejo de administración de Aena Aeropuertos ha cedido el servicio de control aéreo de 13 torres a dos empresas. Por un lado, FerroNATS la cual está participada por Ferrovial y NATS -proveedor británico de servicios de navegación aérea- y a los que, por cierto, parece que le está costando encontrar controladores para cubrir los puestos de las 10 torres que les han tocado en gracia. Ser controlador no es cosa baladí y además resulta que es una profesión altamente especializada, por lo que el problema de falta de controladores no es algo que se circunscriba al territorio español exclusivamente sino que se puede hablar de un déficit a nivel mundial. La alianza hispano-británica proveerá sus servicios en los aeropuertos de Alicante, Valencia Ibiza, Sabadell, Sevilla, Jerez, Melilla, Cuatro Vientos, Vigo además de A Coruña. Por el otro lado, tenemos a SAERCO, empresa creada con tan solo dos meses de antelación a la apertura del proceso de licitación y la primera en obtener la certificación de la AESA que gestionará las torres de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.

Lo que a ojos de cualquier ciudadano debiera suponer una garantía de seguridad no lo es en absoluto cuando se tiene conocimiento de cómo funciona la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la opacidad manifiesta con la que procede para preservar la primacía del interés económico por encima de la seguridad de los ciudadanos. No se aprecia mucho rigor profesional en el hecho de otorgar la gestión del control aéreo a una empresa sin ningún tipo de experiencia en el sector y que trae de la mano, como bien informa Actualidad Aeroespacial, a ANS- CR -el servicio de navegación aérea checo- sin los que difícilmente podría haber optado a esa adjudicación. Tampoco deja de ser paradójico que en un país con 5 millones de parados, y promociones de controladores esperando a ser llamados, se acaben trayendo a trabajadores checos cuyo proceso de homologación ofrece serias dudas habida cuenta del mal proceder que la AESA ha mostrando en el canje de licencias de sus homólogos españoles.

Una vuelta más de tuerca a este contubernio de externalizaciones es el que representa la implantación de sistemas AFIS o SDP en aeródromos españoles, cuyo proveedor exclusivo es INECO -sociedad estatal participada por AENA en un 48,5%, Renfe Operadora en un 12,78 % y ADIF en un 41,37%. Las empresas del sector consideran que esta sociedad supone una competencia desleal y denuncian que el ente público concede adjudicaciones a INECO sin ofrecerles siquiera la posibilidad de competir en los concursos. No obstante, la cordura consigue ganar terreno a veces gracias al tesón y la presión de instituciones como el Cabildo de El Hierro, que insistió en no prescindir del servicio de control por entender que el sistema AFIS no aportaba los mismos niveles de seguridad.

Controvertida está siendo también la puesta en marcha –aplazada de momento hasta el 24 de noviembre- del Servicio de Dirección de Plataforma (SDP) en el aeropuerto de Barajas, cuya implantación supondría prescindir de los controladores que dirige los aviones a través de las calles de rodadura desde los fingers hasta la cabecera de despegue. Hay quien opina, que la entrada en funcionamiento de ese servicio no supondría mermas en la seguridad del aeropuerto, pero lo cierto es que no se ha sometido a estudios rigurosos de impacto, que se pretendía instaurar en plena época de nieblas y que a los pilotos no parece entusiasmarles la idea de tener que separarse ellos mismos. A los que minimizan el riesgo, no está más recordarles que no estamos hablando de automóviles atascados en el acceso a una rotonda sino de aparatos de cierta envergadura transitando por un aeródromo e informarles de que en el aeropuerto de Frankfurt, la implantación del SDP, ha sido considerada un error tanto por las compañías aéreas como por los gestores del mismo aeropuerto, visto el alto índice de demoras que acumula y el aumento de incidentes que ha conllevado. 

De momento y ante el inminente cambio de gobierno, todo ha quedado en suspenso y nada se puede sacar en claro de las declaraciones del Partido Popular. Quizá peco de suspicaz, pero me parece realmente extraño que una Comisión de Fomento no tenga acceso a datos concretos y se escude en la falta de transparencia de AENA para no hablar con claridad sobre lo que piensa hacer al respecto. O quizá es que soy demasiado inocente y me gustaría que nuestros políticos fueran lo suficientemente honestos para no votar leyes como la 9/2010 sin tener la información necesaria que les permita saber a qué despropósito contribuyen o dejan de contribuir con sus acciones. Pero en fin, poco se puede esperar de un país donde se nombra a Carmen Librero –anterior responsable de navegación aérea en AENA- Consejera de Transportes de la Representación Permanente de España en la Unión Europea sin que a nadie se le ocurra cuestionar la falta de transparencia que puede implicar el hecho de que esta señora se encargue de filtrar las peticiones o quejas susceptibles de ser elevadas ante la Unión.


Lo C. Gutiérrez

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