No se salva nadie. Ni políticos medrosos que solo piensan en su propio beneficio, ni directivos puestos a dedo que, obedeciendo a la voz de su amo, te desmantelan una empresa pública en un abrir y cerrar de ojos, previa elección de un colectivo de trabajadores como chivo expiatorio sobre el que la sociedad descargará la ira de sus insatisfacciones para así tener la razón perfecta que excuse una privatización. Tampoco se salva la prensa, que ocupada en informarnos sobre olas de calor en pleno mes de octubre, no parece hallar motivo alguno para indagar en lo que a todas luces es un expolio, que si solo fuera económico se convertiría en otra gota en el océano de la especulación, pero es que ya está en juego la seguridad y eso no sé yo si hay conciencia que lo resista.
Con otra causa contra controladores archivada esta semana en Sevilla -sin intención de recurso por parte de la Fiscalía- parece que cada vez está más claro sobre quién recae la responsabilidad de haber cerrado el espacio aéreo. Para el que todavía no se haya querido enterar, ni un controlador, ni dos, ni cuatrocientos tienen potestad para hacerlo. Solo AENA, tutelada y auspiciada por el gobierno tenía esa facultad y la ejerció, de modo que esas plataformas de afectados por el caos aéreo del 3 de diciembre de 2010 que anuncian a bombo y platillo su alegría por la investigación de las conversaciones telefónicas de los controladores, mejor harían en solicitar que se analizaran las de ciertos políticos y directivos si es que de verdad quieren sacar algo en claro.
Así las cosas, los medios continúan en su habitual línea de contribución a la confusión ofreciendo entrevistas diseñadas para lucimiento del personaje de turno pero de escasa aportación informativa, como la aparecida en lunes 3 de octubre en el diario ABC, donde Juan Ignacio Lema contradice a Eurocontrol al afirmar que el 50% de las demoras que sufren los aeropuertos españoles dependen de las compañías aéreas. Ante semejante afirmación surge la duda de si este señor habla inglés, no ya el nivel 4 de la OACI que se le exige a los controladores, sino un mero nivel intermedio que le permita entender los informes que remite el ente Europeo, porque al parecer los términos ATC capacity y ATC staffing –verdaderas causas que Eurocontrol aduce para la mayor parte de las demora que se producen en nuestros cielos- no figuran en su bagaje de léxico.
Y así, entre trivialidades se nos va la mayor empresa pública española a manos privadas sin que nadie pestañee ni cuestione ceses extraños y reubicaciones aún más paranormales si cabe, como la de Salvador Merino, exjefe de Recursos Humanos de Navegación Aérea durante el conflicto mantenido entre controladores y AENA o el cese -con la conveniente capa de maquillaje que los motivos personales confieren- de Carmen Librero, artífice de la revolución del sector aéreo español, el cual, a tenor de la situación en la que nos encontramos, ha sido cualquier cosa menos un alarde de profesionalidad y sensatez.
A nadie parece querer llamar la atención tampoco, que el grupo San José, con nula experiencia en el sector aeronáutico, más allá de las licitaciones ganadas para hacerse con construcciones y ampliaciones de aeropuertos como el de Barajas, haya entrado en la pugna por ese mismo aeropuerto. Se da la circunstancia y la paradoja, que el señor Lema militó en esa empresa y no solo eso, sino que cometió la irregularidad de simultanear su cargo como consejero de la constructora con la presidencia del ente público.
Curioso es también, que Abertis, grupo que opta a la concesión del aeropuerto de El Prat, contara entre sus filas con Elena Salgado antes de que esta formara parte del gobierno de Zapatero. La suspicacia, en estos casos, nunca está de más y tanta conexión y filigrana debiera mirarse con el aumento que otorga una lupa, simplemente para cerciorarse de que la evidente falta de estética no se traduce en ausencia de ética.
El portal www.aenaleaks.org filtraba esta mañana comunicación interna que destapa el despropósito en que se halla inmerso el sector de la navegación aérea española así como las causas del accidente aéreo que tuvo lugar el 17 de setiembre en Palma. De aquella ley 9/2010 estos lodos. Las mermas en seguridad son flagrantes y de ello se hacen eco en sus correos y notificaciones los responsables de seguridad de AENA. Dudo mucho que esto pueda resarcir a los controladores, que llevan mucho tiempo denunciándolo por activa y por pasiva sin que nadie quiera escucharlos, pero parece que algo se mueve y hay quien empieza a no soportar el peso de la conciencia. Bienvenido sea.
Aunque no sé si se puede esperar mucho de una sociedad que no clama al cielo por la dimisión de un ministro que se reúne con presuntos delincuentes en gasolineras y que resulta que es el mismo que pretende decidir a qué manos irán a parar las dos joyas de la corona –Barajas y El Prat- tres días antes de las elecciones generales.
Tampoco sé qué pensar de un país que no se extraña ni se inmuta ante la pasividad mostrada por los grupos en la oposición y su incapacidad para llegar al acuerdo necesario e impedir esta privatización, que no es más que un robo en toda regla.
Dirán ustedes que veo fantasmas donde no los hay. Y yo les diré que veo mucho ectoplasma suelto que solo obedece al interés del lucro y muy pocas ganas de darle caza.
Lo C. Gutiérrez
