Vuele yo caliente... ríase la gente

Define así la Real Academia de la Lengua el término autocrítica: “juicio crítico que se realiza sobre obras o comportamientos propios”.

Según esa definición y a tenor de lo acontecido a raíz del pulso entre gobierno y controladores aéreos, está claro que ha habido mucho de lo uno y poco de lo otro y sin miedo a dejar de ser objetiva -ya se sabe que no hay nada más subjetivo que la objetividad- podría afirmar que el único ejercicio de autocrítica vislumbrado ha sido precisamente el ejercido por el colectivo de controladores.  Increíble ¿verdad? Esa “panda de ególatras caprichosos capaces de poner a un país en jaque”, como muchos los han definido, son los únicos que a pesar del vapuleo salen, dan la cara aún a riesgo de que se la partan –a título personal, claro está, que el gobierno con su flamante estado de alarma y la militarización ya se encargó de callarles la boca como colectivo-  se disculpan y hacen autocrítica, pero de nada sirve porque lo que verdaderamente importa es subirse al avión.

A estas alturas y con el dictado de un laudo de obligado cumplimento por ambas partes, esperar que el gobierno se disculpe por la campaña de acoso y derribo a que ha sometido a un grupo de trabajadores me parece no ya utópico sino imposible. La aparición del ministro Blanco anunciando que no había ni vencedores ni vencidos, más que un acto de conciliación, me pareció alarde de cinismo. ¿Que no hubo vencidos?

Más allá de algunos reconocimientos a sus méritos como profesionales en el preámbulo y la garantía de estabilidad laboral hasta el año 2013 –habrá que ver en qué condiciones queda todo luego de la privatización de las torres de control y la creación del Cielo Único Europeo- lo cierto es que el resto es casi un calco del convenio propuesto por Aena en noviembre de 2010. La campaña surtió su efecto y el colectivo cansado, hastiado y sabiéndose con la opinión pública en contra no osa levantar la voz porque ¿quién iba no ya a entenderles, sino a intentarlo siquiera? A todo ello, y por si fuera poco, hay que añadir la nueva Ley de Seguridad Aérea, punitiva hasta el extremo con los controladores. Vamos, que a partir de ahora, cuando feliciten al piloto por un buen aterrizaje, dediquen unos cuantos aplausos más para el controlador que dirigió la operación por no haberse equivocado y poder regresar a su casa tranquilo sin responder con multas, cárcel o patrimonio. Les ha faltado incluir la pena capital y espero que no me lea don José Blanco, no vaya a ser que tome ideas.

Lo que para muchos hubiera sido considerado un claro ejemplo de mobbing en cualquier otra circunstancia, en este caso no ha sido otra cosa que una buena dosis de disciplina aplicada unos “díscolos trabajadores” a los que se les ocurrió defender sus derechos laborales. ¿Pueden por un momento ponerse en la piel de quienes sufren el acoso no ya de un jefe despótico sino de todo un aparato gubernamental y de unos medios que decidieron dejar de lado el análisis crítico para centrarse en una narración de hechos totalmente sesgada y unilateral? No, ya sé. Muchos no pueden… porque solo importa subirse al avión.

El colectivo de controladores, en su ejercicio de autocrítica, ha reconocido haber estado encerrado en sí mismo durante mucho tiempo. Obviaron la importancia de la comunicación y el contacto con la opinión pública, cosa que facilitó en gran medida la creación  del estereotipo y la imagen que de ellos se ha instalado en la sociedad. Admiten que en su momento, y fruto de las circunstancias de bonanza económica, consiguieron unas muy buenas condiciones laborales similares a las europeas del sector. Pecaron de inocentes al creer que su convenio colectivo, publicado en el BOE y por tanto con rango de ley, los instalaba en una suerte de estabilidad laboral permanente. Así las cosas, cuando comenzó la campaña de acoso y derribo por parte del ministerio, tardaron demasiado en reaccionar y siempre fueron por detrás de los acontecimientos. Reconocen que deben mejorar sus estrategias de comunicación y hacer partícipe a la opinión pública de las circunstancias y entresijos de una profesión que requiere una alta cualificación técnica y que es una gran desconocida para la sociedad.

Como lo van a conseguir es harina de otro costal. La campaña de desprestigio ha hecho mucho daño y ha dejado tocado al colectivo frente a una opinión pública cargada de prejuicios y aquejada de una ignorancia activa que la predispone a no informarse e indagar por miedo a que se tambalee su sólida opinión contra lo que el ministro Blanco ha denominado insistentemente “un grupo de privilegiados”. Cualquiera de las medias verdades y mentiras lanzadas por el ministerio a modo de propaganda fue contrarrestada con datos por parte de los portavoces del sindicato, pero nadie parecía dispuesto a escucharlos porque… solo importa subirse al avión.

Muchos de los que el día 3 de diciembre se defraudaban al comprobar que sedición no era sinónimo de decapitación – si para algo sirvió la que se armó fue para que la edición digital del diccionario de la RAE se saturara con tanto español sediento de venganza buscando el término- no se han parado a pensar ni por un momento que el Real Decreto aprobado por el gobierno, no es tan solo el correctivo que, según ellos, ese “malvado grupo de secuestradores” necesita. Aprocta (Asociación Profesional de Controladores Aéreos) lleva tiempo denunciando que la seguridad en las operaciones se está viendo mermada y el número de “incidentes” como consecuencia de la implementación de tales medidas ha ido en aumento. Si algún día ocurre una desgracia, la indignación mal canalizada nos llevará a pedir cabezas de nuevo, lo malo es que nunca pedimos la adecuada porque… solo importa subirse al avión.

¿Y qué decir de la privatización de Aena? Se nos llegó a vender que la masa salarial de los controladores era poco menos que la causa de la desmesurada deuda acumulada por el ente en los últimos años. No espero, ni por asomo, que nadie de Fomento/Aena asuma responsabilidades y en un ejercicio de sinceridad –lo de la dimisión permitan ustedes que lo deje ya para otra vida- reconozca que ha sido la pésima política de inversiones en infraestructuras totalmente innecesarias la que ha llevado a la empresa publica a desarrollar una deuda de alrededor de 12.000 millones de euros. Pero tranquilos todos, que nadie cuestionará cuánto dinero se ha invertido y por qué precio de saldo se vende. Una reflexión por parte de todos sobre el desmantelamiento del sector público al que estamos asistiendo ya sería demasiado pedir, porque ya se sabe… solo importa subirse al avión.

Está claro, vuele yo caliente, ríase la gente. Lo demás nos incumbe tirando a poco y lo peor es que así queremos que sea,  no vaya a ser que al indagar empiece a temblar el dogma en que vivimos instalados y deje de importarnos el subirnos al avión.


                                                                          Lo. C. Gutiérrez

Tan controlado que no quedó resquicio para la democracia

 

El sábado 4 de diciembre de 2010,  tras 16 horas de cierre del espacio aéreo, se decreta por primera vez en la historia de la democracia española el estado de alarma. La cronología oficial y oficiosa, de lo acontecido es la siguiente:

-        El día 3 el consejo de ministros ratifica en Real Decreto-Ley 13/2010 que el número máximo de horas que pueden realizar los controladores aéreos es de 1670.

-         Se decreta el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Galicia,  Canarias, Baleares y Madrid porque, según Aena, los controladores abandonan masivamente sus puestos de trabajo en protesta por la decisión del gobierno.

-        El Gobierno aprueba un decreto mediante el cual el Ministerio de Defensa asume el control del espacio aéreo.

-         A las 12.00 del día 4, el ministro Rubalcaba anuncia el Decreto de Estado de Alarma.

-         A las 16.00 horas del mismo día 4 el espacio aéreo queda reabierto.

-         La fiscalía cita a los controladores, pero éstos se niegan a prestar declaración, acogiéndose a su nuevo estatus.

-         El Gobierno acuerda solicitar al parlamento la prórroga del Estado de Alarma hasta el día 15 de enero.

-         El congreso autoriza la prórroga del Estado de Alarma por 180 votos a favor y 131 abstenciones, pertenecientes al Partido Popular.

Aparentemente esa narración de hechos no deja lugar a dudas sobre la eficacia del gobierno a la hora de tomar el control de la situación y garantizar el derecho de todos los españoles a volar. El problema radica en que ese modo de ejercer el control tiene muchos visos de ser inconstitucional, además de ser totalmente innecesario.

Dicta la Constitución que el estado de alarma debe ser decretado como paliativo en situaciones de:

1. Catástrofes, calamidades públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
2. Crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
3. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna o más circunstancias o situaciones contenidas en ese artículo.
4. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio

La crisis del 3 de diciembre no cumple con ninguno de esos cuatro requisitos, luego podemos deducir que el gobierno decreta un estado de alarma punitivo y no paliativo teniendo como consecuencia la militarización ilegal de un grupo de ciudadanos. ¿Qué tipo de precedente sienta el gobierno al imponer por cauces nada democráticos un estado de alarma que nadie se atrevió a decretar ni siquiera el 23F o el 11M, cuando sí se dieron circunstancias que podrían haberlo avalado? Lo más preocupante y bochornoso fue ver como muchos lo aplaudieron sin detenerse a cuestionar la gravedad de la decisión ni la manipulación a la que estábamos siendo sometidos.

Entonces ¿por qué se llega a esta situación? ¿Era realmente necesario cerrar el espacio aéreo? ¿Quién decide cerrarlo? ¿A quien benefició todo eso?

Estas son las palabras textuales del presidente Rodríguez Zapatero defendiendo la acción del gobierno en el congreso de los diputados:

“El gobierno, para hacer frente a la calamidad pública en nuestro país, que ha afectado  a un servicio esencial como es el transporte aéreo, dictó en el plazo de 24 horas 3 normas que progresivamente han ido dando respuesta a la gravedad creciente de los acontecimientos. No vamos a estar ni un día más ni un día menos de lo que necesite este país y estos ciudadanos para que circulen libremente y sin riesgo ninguno de ser chantajeados por los controladores aéreos; por la mayoría de ellos. Ni un día más pero ni un día menos.”

El presidente del gobierno incurre en la demagogia varias veces a lo largo de su discurso.

No hubo situación de calamidad alguna. La cruda realidad es que la imposibilidad de viajar que sufrieron alrededor de 600.000 pasajeros no se ajusta al término calamidad y más, si se observa que eso solo implica un 1,3% de la población.

Lo que él denomina la gravedad creciente de los acontecimientos, tiene su origen en el cierre del espacio aéreo que ordena Fomento/Aena a las 18.00 h y que controladores conocían desde las 16.00 h, cuando los jefes de sala reciben la notificación. En ese momento hay controladores suficientes en centros y torres para continuar operando aún cuando se hubieran producido demoras. Significativo es lo que ocurre en el  Centro de Control de Torrejón, donde a las 17.38 h Aena decide cerrar el espacio aéreo cuando solo dos personas se habían acogido al artículo 34.4 de la ley de seguridad aérea, que insta a abstenerse de ejercer las funciones y actividades de control aéreo en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. La mayoría de controladores que se acogen al artículo 34.4, lo hacen una vez se cierra el espacio ante la incertidumbre y la ansiedad que les provoca la situación y nada se hace por sustituirlos. No se llama a los imaginarias –los que están de guardia o retén- ni a los que podían hacer horas extras, tampoco se llamó a casa de nadie, que hubiera sido lo normal en tales circunstancias.

El porqué no era necesario cerrar el espacio aéreo tiene fácil explicación visto que es incierto que todos abandonaran su puesto de trabajo. Si hay poco controladores, en lugar de gestionar 6 sectores, por ejemplo, se pueden gestionar 3 con regulaciones para que no se produzcan sobrecargas. Los pasajeros deben saber que no es excepcional que eso ocurra. De hecho en verano, debido a la escasez de personal y al aumento del tráfico, las regulaciones están a la orden del día. Se trata de ajustar el tráfico entrante al número de controladores disponibles.

La palabra chantaje en boca del presidente es el colofón a la campaña de desprestigio, demonización y criminalización que el colectivo de controladores ha venido sufriendo durante un año. Retratarlos como un grupo de caprichosos que no quería renunciar a sus privilegios caló hondo en un país con 4 millones de parados. La palabrería populista, demagoga y maniquea hizo el resto. ¿Se paró alguien a pensar que el mismo día 3 el consejo de ministros aprobó medidas de recorte social que afectaban a mucho más de un 1,3% de la población? ¿Quiénes han sido realmente los chantajeados?

El artículo 12.6 de la Ley Orgánica que regula el Estado de Alarma dicta que se procederá a “la intervención de empresas o servicios, así como a la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento”. La Ley de Navegación Aérea de 1960 es la que pone estos casos bajo las órdenes de la jefatura militar aérea, en cuya demarcación se encuentren. El problema está en que el Decreto se basa en una ley preconstitucional muy anterior a la creación de Aena y no debiera haberse utilizado en tal caso.

Juristas como José Luís Díez Ripollés consideran que “la aplicación a los controladores de la Ley de Movilización Nacional de 1969, que los convierte en militares, choca con la pretensión constitucional de limitar al máximo el ámbito de aplicación del código militar y solo es comprensible en el marco de una ley preconstitucional como esa”.

El catedrático de derecho penal de la UCM Enrique Gimbernat concluye: “la extensión a los civiles de la jurisdicción militar sólo es posible cuando se ha declarado el estado de sitio -y no otros estados de emergencia, como el de alarma- ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, desde una temprana sentencia de 1982: «Como se ha advertido, la norma suprema reconoce la jurisdicción militar cuando declara en su art. 117.5, tras proclamar el principio de unidad jurisdiccional, que ‘la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio con arreglo a la Constitución’. El precepto remite a la regulación legal, pero es evidente que su enunciado tiene también un valor interpretativo de aquella regulación. En este sentido, y prescindiendo de la hipótesis del estado de sitio, resulta claro el carácter eminentemente restrictivo con que se admite la jurisdicción militar, reducida al ‘ámbito estrictamente castrense’. Este carácter restrictivo ha de ser tenido en cuenta, en lo necesario para interpretar la legislación correspondiente» (sentencia del TC 75/1982, de 13 de diciembre).

Contra la ‘movilización’ de los controladores, de Enrique Gimbernat en El Mundo

Cabe añadir también que incluso la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio,  en los artículos dedicados al estado de sitio es más restrictiva si cabe, pues dispone que en caso de militarizar a civiles no se les aplicará todo el código militar, sino que es el congreso quien finalmente tiene que autorizar qué partes del código se aplican para juzgar los supuestos delitos.

Visto y analizado lo acontecido, comprenderán que haya quien piense que tanta eficacia por parte del gobierno para reaccionar a una situación inesperada no deja de ser sospechosa. A no ser que no fuera tan inesperada y supieran a ciencia cierta que todo iba a estallar. De ahí que aprobaran el Real Decreto-Ley precisamente el día 3, del mismo modo que también aprobaron los anteriores en fechas clave justo antes de iniciarse periodos vacacionales,  provocando claramente al colectivo. De ahí también que los jefes de sala recibieran notificación a las 16.00 horas de que el espacio aéreo quedaría cerrado a las 18.00. De ahí que los militares ya hubieran sido advertidos, como reconoció la ministra Carme Chacón en declaraciones a  la cadena Ser. La previsión les falló en un punto y fue, como no, por desconocimiento de la ley. La militarización inmediata de los controladores no se pudo llevar a cabo hasta las 12.00 h del día 4, previa reunión de consejo de ministros, al notificarles el Jefe del Estado Mayor de Defensa que no era legal militarizarlos sin estar decretado el Estado de Alarma.

Lo dicho, exceso de control y poco resquicio para la democracia.

                                                                      Lo. C. Gutiérrez