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lunes, 3 de diciembre de 2012

EL OCÉANO EN LA GOTA


Las noticias publicadas durante la semana que ponía fin al mes de noviembre han supuesto para el colectivo de los controladores aéreos una inyección de moral y, en cierto grado también, un amago de reconciliación con una justicia que, aún impregnada de notable letargo, parece que empieza a aflorar entre la cizaña sembrada, regada y cuidada con esmero digno de gestor incompetente.

Comenzaba el goteo de buenas nuevas con la revocación por parte de AENA de la sanción impuesta a un controlador de Santiago de Compostela hace dos años. Cabe albergar cierta esperanza de que ésta continúe siendo la tónica y que las resoluciones judiciales reparen, del algún modo, la insensatez de quienes pretendían tapar los desmanes de una gestión infame presionando a los profesionales hasta el límite de hacerles incumplir la ley de navegación aérea a costa de superar las horas de actividad aeronáutica o de obligar a cubrir simultáneamente dos posiciones incompatibles como son las de radar y aproximación.

Son ya ocho las sentencias firmes que revocan sanciones impuestas a controladores del centro de Santiago por negarse a superar el límite de horas establecido por el Ministerio de Fomento con José Blanco a la cabeza y aprobado mediante Real Decreto Ley a la espera de que el juez dictamine sobre la causa abierta contra los controladores de Lavacolla y sin que se haya concretado todavía de qué se les acusa, según informa el abogado de la defensa.

El segundo foco de atención tenía lugar el martes 27 de noviembre durante la comparecencia de la ex directora de navegación aérea en AENA y actual Secretaria General de Transportes, doña Carmen Librero ante la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados. Además de para constatar la animadversión enfermiza que el señor Rafael Simancas siente hacia los controladores y su escasa idea de qué es y para qué sirve la OACI, la comisión también sirvió para dejar al descubierto el contubernio existente entre PP y PSOE merced a frases impagables del tipo “eso es meterse en el fango” – en referencia a la militarización del colectivo el día 3 de diciembre de 2010 -  o “no me contradiga, señor Simancas, que estas cosas usted y yo las hablamos”  con las que el diputado Andrés Ayala tuvo a bien de obsequiar a la audiencia.

Digna de mención es también la tibieza y comprensión que el señor Ayala mostró en todo momento hacia la Secretaria General de Transportes cuya gestión criticaba y cuestionaba en sede parlamentaria, justo antes de las elecciones, aportando información detallada sobre los datos falsos de productividad que AENA remitió a Eurocontrol.

Pero sin duda la perla del día fue escuchar a doña Carmen Librero reafirmarse en que el caos  acontecido el 3 de diciembre de 2010 se debía única y exclusivamente al plante masivo perpetrado por los controladores mientras que, en sede judicial, el ex jefe de la división de control en Lavacolla contradecía tal versión de los hechos y hasta se reconocía que Fomento e Interior ya tenían tomada la decisión de militarizar los aeropuertos.

Al ciudadano medianamente observador, digo medianamente porque el nulo observador no se lo plantearía ni por asomo, quizá le pueda extrañar leer en diversos medios de comunicación titulares como “El cierre del espacio aéreo fue planificado antes de empezar la huelga de controladores” o informaciones en las que se revela que ahora se sabe que los controladores de Santiago y de otros aeropuertos no podían trabajar más horas porque ya habían cubierto el cupo máximo permitido por la ley. ¿Ahora se sabe? ¿Han visto por fin la luz?

Si es así, celebrémoslo porque nunca es tarde para la dicha pero no estaría de más un poco de autocrítica por parte de unos medios que se apuntaron al escarnio y linchamiento de todo un colectivo bailándole el agua a los poderes fácticos sin el menor atisbo de desarrollo de un pensamiento crítico que no conllevaba mayor esfuerzo que la lectura del BOE, el análisis de la cronología de los hechos y la interpretación de la coyuntura.

Me decía una familiar de controladora que le llena de impotencia la indiferencia de la sociedad en relación a las revelaciones que estos días están saliendo a la luz y la nula empatía que percibe, habida cuenta del daño causado, no solo por lo que a las presiones laborales se refiere sino también por cómo, en muchos casos,  las relaciones sociales y personales de estos profesionales se han visto afectadas hasta el punto de haberse generado secuelas de difícil superación.

Las sociedades carentes de espíritu crítico están condenadas a repetir sus errores simplemente porque son incapaces de interpretar y vislumbrar las consecuencias de determinados actos mientras se dejan arrastrar por ataques de ira colectiva inoculados con premeditación y alevosía.

El denuesto a que se sometió a los controladores aéreos y la conculcación de sus derechos fue la primera piedra en la construcción de unas reformas encaminadas a degradar las condiciones laborales del resto de colectivos. Precedentes había, como avisaba Michael Moore, pero por algún motivo se prefirió mirar en otra dirección en lugar de indagar en las verdaderas causas.

Transcurridos dos años desde ese fatídico 3 de diciembre, pudiera parecer que estas noticias no constituyen más que una gota que se pierde en el océano pero, mientras tanto, no conviene olvidar que la gota contiene el océano. 

lunes, 7 de marzo de 2011

Tan controlado que no quedó resquicio para la democracia

 


El sábado 4 de diciembre de 2010,  tras 16 horas de cierre del espacio aéreo, se decreta por primera vez en la historia de la democracia española el estado de alarma. La cronología oficial y oficiosa, de lo acontecido es la siguiente:

-        El día 3 el consejo de ministros ratifica en Real Decreto-Ley 13/2010 que el número máximo de horas que pueden realizar los controladores aéreos es de 1670.
-         Se decreta el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Galicia,  Canarias, Baleares y Madrid porque, según Aena, los controladores abandonan masivamente sus puestos de trabajo en protesta por la decisión del gobierno.
-        El Gobierno aprueba un decreto mediante el cual el Ministerio de Defensa asume el control del espacio aéreo.
-         A las 12.00 del día 4, el ministro Rubalcaba anuncia el Decreto de Estado de Alarma.
-         A las 16.00 horas del mismo día 4 el espacio aéreo queda reabierto.
-         La fiscalía cita a los controladores, pero éstos se niegan a prestar declaración, acogiéndose a su nuevo estatus.
-         El Gobierno acuerda solicitar al parlamento la prórroga del Estado de Alarma hasta el día 15 de enero.
-         El congreso autoriza la prórroga del Estado de Alarma por 180 votos a favor y 131 abstenciones, pertenecientes al Partido Popular.

Aparentemente esa narración de hechos no deja lugar a dudas sobre la eficacia del gobierno a la hora de tomar el control de la situación y garantizar el derecho de todos los españoles a volar. El problema radica en que ese modo de ejercer el control tiene muchos visos de ser inconstitucional, además de ser totalmente innecesario.


Dicta la Constitución que el estado de alarma debe ser decretado como paliativo en situaciones de:

  1. Catástrofes, calamidades públicas tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
  2. Crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  3. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna o más circunstancias o situaciones contenidas en ese artículo.
  4. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.




La crisis del 3 de diciembre no cumple con ninguno de esos cuatro requisitos, luego podemos deducir que el gobierno decreta un estado de alarma punitivo y no paliativo teniendo como consecuencia la militarización ilegal de un grupo de ciudadanos. ¿Qué tipo de precedente sienta el gobierno al imponer por cauces nada democráticos un estado de alarma que nadie se atrevió a decretar ni siquiera el 23F o el 11M, cuando sí se dieron circunstancias que podrían haberlo avalado? Lo más preocupante y bochornoso fue ver como muchos lo aplaudieron sin detenerse a cuestionar la gravedad de la decisión ni la manipulación a la que estábamos siendo sometidos.

Entonces ¿por qué se llega a esta situación? ¿Era realmente necesario cerrar el espacio aéreo? ¿Quién decide cerrarlo? ¿A quien benefició todo eso?

Estas son las palabras textuales del presidente Rodríguez Zapatero defendiendo la acción del gobierno en el congreso de los diputados:

“El gobierno, para hacer frente a la calamidad pública en nuestro país, que ha afectado  a un servicio esencial como es el transporte aéreo, dictó en el plazo de 24 horas 3 normas que progresivamente han ido dando respuesta a la gravedad creciente de los acontecimientos. No vamos a estar ni un día más ni un día menos de lo que necesite este país y estos ciudadanos para que circulen libremente y sin riesgo ninguno de ser chantajeados por los controladores aéreos; por la mayoría de ellos. Ni un día más pero ni un día menos.”

El presidente del gobierno incurre en la demagogia varias veces a lo largo de su discurso.

No hubo situación de calamidad alguna. La cruda realidad es que la imposibilidad de viajar que sufrieron alrededor de 600.000 pasajeros no se ajusta al término calamidad y más, si se observa que eso solo implica un 1,3% de la población.

Lo que él denomina la gravedad creciente de los acontecimientos, tiene su origen en el cierre del espacio aéreo que ordena Fomento/Aena a las 18.00 h y que controladores conocían desde las 16.00 h, cuando los jefes de sala reciben la notificación. En ese momento hay controladores suficientes en centros y torres para continuar operando aún cuando se hubieran producido demoras. Significativo es lo que ocurre en el  Centro de Control de Torrejón, donde a las 17.38 h Aena decide cerrar el espacio aéreo cuando solo dos personas se habían acogido al artículo 34.4 de la ley de seguridad aérea, que insta a abstenerse de ejercer las funciones y actividades de control aéreo en caso de disminución de la capacidad física o psíquica requerida. La mayoría de controladores que se acogen al artículo 34.4, lo hacen una vez se cierra el espacio ante la incertidumbre y la ansiedad que les provoca la situación y nada se hace por sustituirlos. No se llama a los imaginarias –los que están de guardia o retén- ni a los que podían hacer horas extras, tampoco se llamó a casa de nadie, que hubiera sido lo normal en tales circunstancias.

El porqué no era necesario cerrar el espacio aéreo tiene fácil explicación visto que es incierto que todos abandonaran su puesto de trabajo. Si hay poco controladores, en lugar de gestionar 6 sectores, por ejemplo, se pueden gestionar 3 con regulaciones para que no se produzcan sobrecargas. Los pasajeros deben saber que no es excepcional que eso ocurra. De hecho en verano, debido a la escasez de personal y al aumento del tráfico, las regulaciones están a la orden del día. Se trata de ajustar el tráfico entrante al número de controladores disponibles.

La palabra chantaje en boca del presidente es el colofón a la campaña de desprestigio, demonización y criminalización que el colectivo de controladores ha venido sufriendo durante un año. Retratarlos como un grupo de caprichosos que no quería renunciar a sus privilegios caló hondo en un país con 4 millones de parados. La palabrería populista, demagoga y maniquea hizo el resto. ¿Se paró alguien a pensar que el mismo día 3 el consejo de ministros aprobó medidas de recorte social que afectaban a mucho más de un 1,3% de la población? ¿Quiénes han sido realmente los chantajeados?

El artículo 12.6 de la Ley Orgánica que regula el Estado de Alarma dicta que se procederá a “la intervención de empresas o servicios, así como a la movilización de su personal, con el fin de asegurar su funcionamiento”. La Ley de Navegación Aérea de 1960 es la que pone estos casos bajo las órdenes de la jefatura militar aérea, en cuya demarcación se encuentren. El problema está en que el Decreto se basa en una ley preconstitucional muy anterior a la creación de Aena y no debiera haberse utilizado en tal caso.

Juristas como José Luís Díez Ripollés consideran que “la aplicación a los controladores de la Ley de Movilización Nacional de 1969, que los convierte en militares, choca con la pretensión constitucional de limitar al máximo el ámbito de aplicación del código militar y solo es comprensible en el marco de una ley preconstitucional como esa”.

El catedrático de derecho penal de la UCM Enrique Gimbernat concluye: “la extensión a los civiles de la jurisdicción militar sólo es posible cuando se ha declarado el estado de sitio -y no otros estados de emergencia, como el de alarma- ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional, como no podía ser de otra manera, desde una temprana sentencia de 1982: «Como se ha advertido, la norma suprema reconoce la jurisdicción militar cuando declara en su art. 117.5, tras proclamar el principio de unidad jurisdiccional, que ‘la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio con arreglo a la Constitución’. El precepto remite a la regulación legal, pero es evidente que su enunciado tiene también un valor interpretativo de aquella regulación. En este sentido, y prescindiendo de la hipótesis del estado de sitio, resulta claro el carácter eminentemente restrictivo con que se admite la jurisdicción militar, reducida al ‘ámbito estrictamente castrense’. Este carácter restrictivo ha de ser tenido en cuenta, en lo necesario para interpretar la legislación correspondiente» (sentencia del TC 75/1982, de 13 de diciembre).


Cabe añadir también que incluso la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio,  en los artículos dedicados al estado de sitio es más restrictiva si cabe, pues dispone que en caso de militarizar a civiles no se les aplicará todo el código militar, sino que es el congreso quien finalmente tiene que autorizar qué partes del código se aplican para juzgar los supuestos delitos.

Visto y analizado lo acontecido, comprenderán que haya quien piense que tanta eficacia por parte del gobierno para reaccionar a una situación inesperada no deja de ser sospechosa. A no ser que no fuera tan inesperada y supieran a ciencia cierta que todo iba a estallar. De ahí que aprobaran el Real Decreto-Ley precisamente el día 3, del mismo modo que también aprobaron los anteriores en fechas clave justo antes de iniciarse periodos vacacionales,  provocando claramente al colectivo. De ahí también que los jefes de sala recibieran notificación a las 16.00 horas de que el espacio aéreo quedaría cerrado a las 18.00. De ahí que los militares ya hubieran sido advertidos, como reconoció la ministra Carme Chacón en declaraciones a  la cadena Ser. La previsión les falló en un punto y fue, como no, por desconocimiento de la ley. La militarización inmediata de los controladores no se pudo llevar a cabo hasta las 12.00 h del día 4, previa reunión de consejo de ministros, al notificarles el Jefe del Estado Mayor de Defensa que no era legal militarizarlos sin estar decretado el Estado de Alarma.

Lo dicho, exceso de control y poco resquicio para la democracia.

                                                                      Lo. C. Gutiérrez