MALOS TIEMPOS PARA LA EXCELENCIA

No es extraño encontrar hoy día gente que alardea de su habilidad para encontrar billetes de avión a precios irrisorios que los permitirán llegar al carísimo restaurante sofisticado con cuyas delicatessen lleva dos años soñando, eso sin contar el tiempo que pasó haciendo méritos para entrar en tan honorable lista de espera. Son tiempos extraños en los que se ha aceptado con facilidad pasmosa que un pasaje a Roma tiene que salir más barato que el taxi al aeropuerto y en los que más de uno parece haber olvidado, con el debido respeto a los maestros de los fogones, que poner en marcha un avión, no es precisamente lo mismo que ponerse a freír rosquillas.

Tampoco es que sea necesario ser Perelman -el excéntrico genio de las matemáticas- para calcular que si en la aeronave en la que se disponen a embarcar, viajan 170 hábiles cazadores de gangas capaces de volar a Paris por dos euros, ese vuelo no puede ser muy rentable que digamos, teniendo en cuenta que 240 € te dan para unos 184 litros de queroseno –redondeando por lo alto-  y que tan solo el rodaje del avión desde el finger hasta la cabecera de despegue consume alrededor de 170 litros. ¿Entonces cómo se sufraga eso?

Cada uno de esos pasajes, comprado a precio de risa, está pagado con creces con el dinero público que sale del bolsillo de todos los españoles por obra y gracia de las subvenciones que esas compañías aéreas low-cost reciben del gobierno central y de los autonómicos a cambio de operar en aeropuertos innecesarios a los que es acuciante dotar de una viabilidad de la que siempre carecieron. Es tan imperiosa la necesidad de excusar la construcción de esas infraestructuras redundantes, que las administraciones no dudan en beneficiar a compañías como Ryanair haciendo la vista gorda -con la connivencia de la AESA- sobre infracciones de seguridad que supondrían multas millonarias, perdonándoles tasas aeroportuarias gracias a la magnificencia de AENA o directamente subsidiándolas para garantizar su presencia en aeródromos que de otro modo se verían abocados al cierre, con lo que cada negociación acaba convirtiéndose en un chantaje ante el que el poder político cede una y otra vez.

Es sorprendente la facilidad con que la sociedad se ha instalado en un escenario donde las grandes empresas y corporaciones parecen medir la productividad y la rentabilidad sin atender a otra cosa que no sea la reducción de costes. Nadie se plantea si el piloto que le tiene que llevar a destino o el controlador que debe cuidar de su vuelo están, no ya en buenas condiciones psicofísicas, sino si están formados convenientemente y si están recibiendo la instrucción adecuada que les permita estar preparados para cualquier eventualidad.

Hace poco más de un año el Gobierno aprobó la privatización de servicios y la liberalización de la formación de controladores aéreos. Con ese simple gesto, el ministerio de FOMENTO degradó lo que hace tan solo unos años era considerado como uno de los modelos punteros de formación de controladores en Europa, imitado por varios países de la Unión. De paso, también abrió la veda a la especulación.

Con anterioridad a la liberalización, los candidatos a controlador debían sometersea una criba para acceder a las plazas limitadas que SENASA –única escuela de control en España hasta entonces- habilitaba. No era extraño que se presentaran miles de candidatos para cubrir un par de cientos de plazas, con lo que se aseguraban de que los elegidos fueran los mejores.

Una vez implementado el nuevo modelo de acceso a la profesión, los interesados podían elegir entre formarse en  SENASA -previo pago del importe íntegro del curso- o en la universidad privada Camilo José Cela aunque quienes optaron por esta última se hallan actualmente en un laberinto de difícil salida. Pagaron 33.000 euros por un curso impartido por Astac Limited, único proveedor acreditado para dar tal formación pero las autoridades británicas se niegan a homologar el curso ya que al parecer Astac Limited no ha comunicado la realización del mismo y para colmo de males el programa no responde a las nuevas exigencias de la Unión Europea, con lo que no se pude convalidar en España, según se refleja en un artículo aparecido en el diario El Mundo. Así, las cosas tenemos a 40 personas que tras haber cursado esos estudios, ni son controladores ni se les da la licencia para serlo y otros tantos formados en SENASA esperando a que alguien les llame pero que ante el fallido proceso de privatización parece que nadie se anima a contratar sumiéndolos en la ansiedad que produce el haberse hipotecado para enfrentarte a un horizonte de incierto futuro profesional ¿No debería la AESA responder por ello?

Debería, pero poco se puede esperar de un organismo cuya independencia brilla por ausencia y que ni siquiera se molesta en asegurarse de que AENA imparte los cursos pertinentes para los controladores en activo. Hace tiempo que el colectivo viene denunciando la falta de formación para enfrentar emergencias o situaciones de baja visibilidad, etc. por no hablar de los planes de contingencia diseñados para cubrir el expediente pero que no cumplen los estándares de seguridad ni por asomo o el nuevo acto de huída hacia delante, fruto de la incapacidad para hallar solución al entuerto descomunal que han organizado, consistente en  convalidar automáticamente todas las licencias de ATCs de AENA, sean o no solicitadas por los controladores con lo que queda al descubierto la desidia ejercida en el proceso de equiparación.

Mientras tanto la realidad es que nuestros aeropuertos han pasado de acumular 2,3 millones de minutos de demora en 2009 a 4,1 millones en 2010 y que la liberalización del sector no solo no ha aportado mejoras y soluciones sino que ha empeorado las cosas. Las nuevas promociones de profesionales que están a la espera de ser contratados solo han sido formadas para trabajar en torres, con lo que no pueden cubrir las carencias de los centros de control, que es donde verdaderamente se necesita personal pues la mayoría de demoras se producen en ruta. Trasladar controladores de antiguas promociones que recibían formación en las tres especialidades desde las torres a los centros tampoco parece la solución, habida cuenta de que uno no puede forzar los traslados y que en caso que el trabajador accediera, necesita pasar por un periodo de adaptación en las nuevas dependencias que puede llegar a ser de hasta un año. Tampoco se debe olvidar que, con toda probabilidad, los nuevos proveedores de servicios que han sido licitados para operar las torres de control externalizadas no accederán a que los nuevos trabajadores que contraten se incorporen a sus puestos sin la supervisión de controladores con experiencia en esas dependencias.

Con unas elecciones en ciernes y un más que seguro cambio de partido en el gobierno, según auguran las encuestas, el modelo queda una vez más en el aire. De las palabras de Andrés Ayala, portavoz del PP para la comisión de FOMENTO, en entrevista concedida a Actualidad Aeroespacial se deduce que piensan confiar la gestión de los aeropuertos a la iniciativa privada pero que el sector de la navegación aérea, quedaría en manos del estado. Luego ¿piensan revertir el proceso que ha permitido a operadores como Ferronats y SAERCO hacerse con el control de las 13 torres externalizadas?  Todo son conjeturas y probablemente el colectivo, que ya ha sufrido 30 cambios en su marco laboral, verá como éste se modifica una vez más. Lo que sí queda claro es que ni PP ni PSOE están por la labor de querer gestionar eficazmente una empresa pública como AENA.

Estamos cayendo bajo y no deja de preocuparme como en lugar de darnos por aludidos, lo que hacemos es deleitarnos en el fracaso ajeno. Debe ser que nos encanta la compañía y así parece que aliviamos nuestra carga de insatisfacciones. Mentalidad de perdedores donde las haya. No importa tanto de dónde se parte, sino dónde se puede llegar y lo que se puede alcanzar. Lo que nos tiene que alarmar es la falta de interés que se aprecia por desarrollar niveles de excelencia mientras nos seguimos recreando en una mediocridad que no conduce más que a un túnel sin salida.

Lo C. Gutiérrez

CLAVOS ARDIENDO

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de octubre, los medios de comunicación son, tras las fuerzas armadas y por delante de la monarquía, una de las cosas que mayor confianza ofrece a los españoles.

Se me ocurren, a voz pronta, dos posibles razones que puedan dar respuesta a semejante estudio estadístico. La primera es que los españoles no tenemos claro lo que significa información y la confundimos con esos informativos de contenidos pautados hasta el último segundo donde el orden de las cosas sí que está diseñado para alterar el producto, es decir nuestra mente, o que nuestro concepto de debate plural se reduce a esos circos llenos de pseudoperiodistas que ante la falta de argumentos no tienen otra que echar mano del grito.

 La segunda razón tendría que ver con una inocencia ciudadana naïve, que raya lo infantil y que nos lleva a creer todo lo que vemos, leemos o escuchamos. Esa confianza ciega en el periodismo sería aceptable si éste se limitara a ejercer su función originaria, pero el oscuro entramado de intereses al que sirve y la sospechosa retroalimentación establecida entre poder y grupos mediáticos indica que, por nuestro propio bien, deberíamos ir dejando de creer en los cuentos de hadas.

Muchos pensarán que el miércoles 26 de octubre fue un día normal y corriente en que no pasó nada digno como para enmarcarlo en los anales de una vida. Pero si usted fuese un controlador aéreo y tuviese la oportunidad de desayunar leyendo, entre atónito y esperanzado, el artículo sobre la responsabilidad del Ministerio de Fomento respecto del caos aéreo acontecido el 3 de diciembre de 2010 publicado por unos de los diarios que más ferozmente ha contribuido al linchamiento del colectivo, quizá lo vería de un modo distinto.

Efectivamente, en esa fecha que lleva visos de convertirse en algo así como una efeméride para este vilipendiado grupo de trabajadores, el diario El Mundo reseña una pequeña nota en portada para pasar a narrar detalladamente en las páginas 14 y 15 de su edición impresa  las presiones a las que estaban siendo sometidos los controladores del Centro de Santiago para intentar subsanar un error de gestión, que alcanzaba ya nivel de despropósito, y que no hizo sino ir in crescendo y extenderse a otros centros del país hasta desembocar en el desbarajuste aeroportuario diseñado al milímetro que ya todos hemos visto hasta la saciedad pero del que continuamos mostrando un profundo desconocimiento.

No voy a obviar el hecho de que, con toda probabilidad, el repentino interés del diario El Mundo por desvelar la verdad precisamente en estos días de campaña preelectoral no responde más que a la intención de desacreditar al partido socialista y su candidato -artífice de la militarización de un colectivo- además de a la voluntad de contribuir al rédito electoral del partido en la oposición. Tampoco voy a pasar por alto el posicionamiento público de su director, Pedro J. Ramírez, al haber ofrecido su medio al gabinete jurídico Cremades & Calvo Sotelo -encargados de plantear la demanda colectiva a los controladores aéreos en nombre de las distintas plataformas de afectados- para facilitar la canalización de unas denuncias que a día de hoy parecen estar cayendo en saco roto a tenor de las causas que ya han sido archivadas hasta con beneplácito de la Fiscalía. Quizá no les ha quedado otra opción más que aceptar los hechos y apuntar en otra dirección si de verdad quieren sacar algo de todo esto. Ese parece ser el cartucho que toca quemar ahora.

El papel jugado por los partidos políticos en la oposición en este conflicto, con la única salvedad de Izquierda Unida que siempre ha mantenido una actitud coherente al respecto, ha sido vergonzoso. Me consta que hubo y hay voces discordantes con el modo de proceder contra los controladores en las principales formaciones políticas del país. Pero los aparatos mandan y las disciplinas de partido se encargan de acallar cualquier nota que pudiera parecer discordante y sobretodo, de amordazar cualquier actitud que pueda causar perjuicio electoral porque señoras y señores: hablar a favor de los controladores aéreos suponía y supone ponerse a la manipulada opinión pública en contra y ganarse una amonestación por contribuir a que el partido pudiera sufrir las consecuencias de una sangría de votos. De ese modo, tenemos al principal partido de la oposición, convertido en copartícipe del despropósito al haber aprobado con sus votos la Ley 9/2010 o al haber facilitado con su abstención la prórroga del primer estado de alarma decretado en la historia de la democracia española, sin olvidar la contribución de los partidos periféricos que se sumaron a la algarabía de decretos sin precedentes en pos de la contrapartida.

Todos hemos sido usados en este conflicto. La ciudadanía en su conjunto se ha prestado a ser manipulada al no querer hacer uso del criterio autocrítico que se le debiera presuponer. Los afectados quizá debieran pensar en poner demandas colectivas al ministro Blanco y al presidente de AENA por haber diseñado el secuestro del que tanto hablan y los controladores continúan siendo utilizados. Se ha hecho mucho daño y de modo gratuito porque no entiendo a quién está beneficiando todo esto, la verdad. Tampoco veo cómo se puede resarcir a un grupo de trabajadores que ha tenido que soportar 30 cambios legislativos en su marco laboral y una estigmatización que, en algunos casos, ha llegado a afectar a sus círculos familiares y sociales. Avisados quedamos.

Hubiera sido preferible que la verdad saliese a la luz de otro modo, pero entiendo perfectamente que tras dos años de asedio inmisericorde se agarren a eso como a clavo ardiendo. Después de todo ¿cuál de los implicados en todo este esperpento no lo está haciendo?

Lo C. Gutiérrez

ARENGAS QUE NOS MANTIENEN EN EL REDIL

Somos una sociedad tendente al adocenamiento, fruto de un sistema en el que se nos educa para creer, no para cuestionar. Cualquier individuo que pretenda crearse un criterio propio deberá nadar contra corriente si quiere obtener información al margen del discurso oficial y oficioso pero pocos son los dispuestos a invertir algo de energía para lograr tal propósito y muchos los que dicen que esa tenacidad requiere de un tiempo que nuestras ajetreadas vidas no nos regala.

Como todo en la vida, se trata de prioridades y ya sabemos lo fácil que es encontrar excusas para no hacer aquello que nos supone un cierto esfuerzo o para evitar lo que nos pueda hacer sentir incómodos pues con dedicar el tiempo malgastado en vacuidades televisivas, que poco aportan y mucho embrutecen, a la búsqueda de esa información que permite contrarrestar la tendenciosidad de los medios generalistas es más que suficiente.

No hacer el más mínimo sacrificio por estar informados nos convierte en vulnerables y nos deja a merced de los poderes fácticos que harán con nosotros lo que se les antoje recreándose en nuestra corresponsabilidad porque, por mucho que no nos queramos dar cuenta, permanecer desinformado es delegar nuestro compromiso como ciudadanos y ostentar una responsabilidad única e intransferible respecto de muchas de las vicisitudes que enfrentamos.

¿Qué ocurre cuando llevamos cerca de dos años escuchando, viendo y leyendo sobre el mal proceder de los controladores aéreos, la alevosía de sus acciones y las huelgas encubiertas con que nos hostigan día sí, día no y el de en medio también? Pues que con la capacidad de criterio narcotizada e inhabilitados para ver más allá de lo que cuatro todólogos gritones dicen por televisión, le facilitamos en extremo la tarea a las compañías aéreas cuando nos tragamos sin rechistar las palabras del piloto culpando a los controladores por las tres horas de demora que lleva nuestro vuelo para que no se nos pase por la cabeza la posibilidad de exigir obligaciones a quien parece que solo interesamos hasta el preciso instante en que se embolsan el importe de nuestros pasajes.

¿Y qué ocurre cuando un gobierno es consciente de nuestra inopia colectiva? Pues que se permite el lujo de incurrir en la ilegalidad y crear una  Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) totalmente dependiente del Ministerio de FOMENTO con la consabida falta de transparencia que ofrecerá ante cualquier incidencia denunciada o lo que es peor, un accidente. Y no solo eso, sino que cuando decida, si es que decide dar respuesta a nuestra reclamación, lo hará emitiendo informes chuscos que son cualquier cosa menos una resolución rigurosa y veraz como el caso en que tuvo que acabar interviniendo el Defensor del Pueblo ante la desidia mostrada por Iberia y la connivencia de FOMENTO respecto de la denuncia presentada por dos usuarios que vieron su vuelo cancelado y a los que dieron como excusa la congestión del espacio aéreo cuando en realidad el avión había sufrido una avería en el motor.

Así que la próxima vez que vaya a un aeropuerto español y sufra un retraso -cosa bastante probable dada la pésima gestión que ha desembocado en un caos en el sector de la navegación aérea sin precedentes- hágase un favor y deje de apuntar al controlador. Piense por un momento en por qué el aeropuerto gestiona más operaciones de las que permite su capacidad, en por qué no se han contratado más profesionales para poder mover esos tráficos con la eficacia requerida o por qué no se ha tenido en cuenta el alto volumen de movimientos para diseñar los turnos con el número adecuado de trabajadores que permitan dar un servicio satisfactorio. No deje de pensar tampoco en la responsabilidad que las compañías aéreas tienen cuando dan la callada por respuesta y cuando le ofrecen llegar a destino a una hora determinada conscientes de la imposibilidad de cumplir ese horario debido a lo congestionado de nuestro espacio aéreo. No dejen de pensar en el silencio de esas compañías frente a la Administración –lo que produce una complicidad tácita- y pregúntense: ¿qué reciben a cambio?

Lo perverso de todo esto es que nos arengan a conveniencia para hacernos creer que estamos despiertos y que sabemos discernir quién es el héroe de quién es el villano. Nada más lejos de la realidad: saben cuando despertar nuestra ira para seguir manteniéndonos mansos en el redil. 

Lo C. Gutiérrez

LEMA SE DECONSTRUYE SOLO

Tenemos un muerto en el armario pero en lugar de sacarlo y abrir ventanas para que corra el aire, lo que procede es atestar la habitación de flores, en pos de un mal entendido sentimiento de amor compartido por el terruño, a ver si así el aroma disimula la evidencia.

Se jacta el señor Lema de no haber utilizado malas artes contra los controladores aéreos y, como a maquillador de datos parece que hay pocos que le ganen, se permite decir que el número de controladores pasó de 1600 en el año 2000 a 2300 en el año 2008. Que el presidente de AENA suelte una generalización de tal calibre sin despeinarse, no debiera sorprendernos. Es más, diría que es hasta esperable vista la catadura moral que se gastan algunos miembros de la directiva del ente público, pero que el articulista en cuestión dé por válido el argumento sin molestarse en contrastarlo no es que sea preocupante, es para echarse a temblar ante lo que algunos entienden por periodismo.

Para que el dato fuera riguroso, sería más que conveniente aportar ciertos matices como por ejemplo cuántos de esos 1600 controladores que había en el año 2000 eran operativos -trabajaban en frecuencia- y cuántos estaban destinados a otras funciones. Del mismo modo, sería deseable saber si la ratio de contratación era directamente proporcional al número de controladores que fueron dejando de trabajar en frecuencia en el periodo 2000-2008, porque lo que está clarísimo es que, a día de hoy, y como ya constató el diputado Andrés Ayala en el Congreso aportando datos sobre los datos falsos que AENA envió a Eurocontrol, no hay 2300 controladores operativos ni en sueños. De hecho, lo que provoca la falta de ellos son pesadillas constantes en forma de demoras.

Continúa el señor Lema diciendo que el número de horas creció exponencialmente en ese periodo de tiempo, pero en ningún momento reconoce que eso se debe al incremento del tráfico aéreo y la imposibilidad de cubrir el servicio con el personal existente trabajando los turnos reglamentarios. No veo tampoco en sus declaraciones, ningún reconocimiento de la no contratación de 150 controladores, compromiso que adquirió con USCA cuando se firmó el acuerdo de módulos que permitía a AENA sacar el servicio adelante con la plantilla existente. Culpabiliza y demoniza a los trabajadores porque los emolumentos en horas extras se dispararon, pero no percibo ningún tipo de autocrítica por su parte ante la evidente incapacidad de gestión mostrada. Lo cierto es que desde el año 2006 no se forman controladores radar en España y los que se han formado para recibir una habilitación en torre, están en el paro. Luego, si la solución para reducir el número de horas extras pasaba por nuevas contrataciones ¿por qué no se hizo? ¿No sería que ante la ya más que decidida privatización del ente, a la empresa no le convenía correr con los gastos de formación, salarios y condiciones tales como la Licencia Especial Retributiva (LER) estipuladas en convenio colectivo?

Alardea también el señor presidente de AENA de que la deuda de la empresa deriva única y exclusivamente de las inversiones hechas en infraestructuras y asegura además que es puntual. Entonces ¿Por qué privatizar? ¿Por qué vender Barajas por 3700 millones de euros tras haber invertido 6185 en su remodelación? Y ¿qué me dicen de los 1600 millones que se pedían por Barcelona El Prat cuando la inversión en la T1 supuso alrededor de 3000 millones de euros? 

La proliferación de aeropuertos por todo el territorio cuales setas en otoño, sin obedecer a una demanda real sino a intereses económico y políticos espurios, es otra de las cuestiones por las que Lema debiera responder, en caso que alguien tenga a bien de preguntarle. Poner en la picota a un grupo de trabajadores acusándolos de lucrarse como si fueran ladrones mientras se promete que gracias a los recortes salariales en navegación aérea, el sector será más competitivo y se podrán bajar así las tasas no es que sea mezquino, es que es cínico habida cuenta de que para rentabilizar esos aeropuertos inútiles ha habido que ceder al chantaje de aerolíneas lowcost como Ryanair, a la que no solo se le han perdonado tasas y dado subvenciones, sino que además se le han escondido irregularidades que repercuten directamente en la seguridad de los usuarios. La falta de transparencia al respecto es una consecuencia directa de ese TODO que conforman el ministerio de FOMENTO, la AESA y la DGAC y ante la que ningún grupo parlamentario ha dicho esta boca es mía.  

Tienen suerte este tipo de gestores que, conocedores de la inopia en la que vive esta sociedad, se permiten retratarse como pésimos administradores de lo público sin que nadie les vaya a cuestionar nada. Es más, algunos hasta les agradecen el expolio en aras de la gestión privada, que parece ser la única eficaz. Contar con un aparato judicial que reconoce la necesidad de recortar derechos laborales a favor del desarrollo de la empresa ayuda y tener unos medios de comunicación que lo narran sin el menor atisbo de espíritu crítico, contribuyendo así a que la merma de esos derechos se digiera con absoluta normalidad, también.

No deja de parecerme fascinante la facilidad que tiene don Juan Ignacio Lema para minimizar impactos. Según él, 47 cuasicolisones implican tan solo un 0,002 % de los movimientos que se llevan a cabo en el espacio aéreo español. Perfecto, sino fuera porque 47 cuasicolisiones conllevan 94 aviones a punto de colisionar con la consabida tragedia que ello pudiera comportar y no sé yo con qué cara se le dice a los familiares de las víctimas que sintiéndolo mucho, su hermano, cónyuge, hijo o cuñada ha quedado reducido a un ínfimo porcentaje que forma parte de los efectos colaterales.

Del mismo modo simplifica y nos cuenta que desde 2009 el grupo San José únicamente se ha hecho con cuatro expedientes de las 1782 adjudicaciones llevadas a cabo, es decir, un 0,22 % que solo implican 32,5 millones de euros sobre un total de 1643. Un nimio 1,98 %. Se le olvidan al señor Lema dos cosas: la primera y principal, la ilegalidad cometida al haber simultaneado durante seis meses su cargo como miembro del consejo de administración del grupo san José y como presidente de AENA, según el artículo 28 de esa Ley 30/1992 que con tanto orgullo menciona y la segunda es que muchos no nacimos ayer y a estas alturas de la película especulativa ya sabemos como funciona el tema de las subcontratas y quién se queda el mayor pedazo del pastel. Las matemáticas y la realidad son, no obstante, muy tercas y a veces terminan por imponerse, con lo que a más de uno se le habrá atragantado esta semana el anuncio del aplazamiento del proceso de privatización. 

En fin, que está muy bien presumir de terruño y echar flores a los prohombres gallegos, pero estaría infinitamente mejor trabajar por la transparencia, alabar a los que realmente se levantan cada mañana para hacer de Galicia algo más que un paraíso de extrañas conexiones y dejar de escribir cosas que no sé bien si son elegías, epopeyas, panegíricos o apologías. 

Lo C. Gutiérrez

RECTIFICACIÓN

Lema no simultaneó cargo en AENA y San José Tecnologías S.A. 

Según documentación oficial, don Juan Ignacio Lema Devesa fue nombrado presidente de AENA el 25 de abril de 2009 y su baja de la dirección de San José Tecnologías S.A fue inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) con más de seis meses de retraso, exactamente el 9 de noviembre de 2009.

No obstante el señor Lema asegura que presentó su renuncia al cargo del presidente de la citada empresa de modo irrevocable y que nunca ha simultaneado cargo como director general-presidente de AENA con ningún otro cargo en el sector de la empresa privada y así ha sido reconocido por la Oficina de Conflicto de Intereses del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública en resolución del 20 de octubre de 2010.

Cabe añadir además que la jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que “las inscripciones registrales de los acuerdos de cese de los administradores de las sociedades mercantiles no tienen carácter constitutivo sin que ninguna responsabilidad por falta de inscripción pudiera exigirse a los cesados” por lo que su cese como presidente de la ya mencionada compañía se produce si perjuicio de la fecha de inscripción el Registro Mercantil.

Quiere dejar constancia además, el señor Lema Devesa de que se ha abstenido de intervenir en cualquier cuestión que pudiera ser de interés para alguna de las empresas en las que ha prestado sus servicios profesionales.